El parlamentario, tras sostener que el acto cometido por los dos implicados caen en ámbito del peculado, dijo que sus denuncias y su pedido se sustentará con la entrega de más de cinco mil hojas certificadas sobre los abusos de fondos públicos y privados, con el congelamiento bancario, que se constituyó en un “atraco” y que hasta la presente fecha superaría los ocho mil millones de dólares. Granda indicó que dentro de las pruebas constan las nóminas de perjudicados, las tasas de interés pactadas, los préstamos de iliquidez, la cuenta de ejecución de los bonos de la AGD y otros documentos financieros, resultados de auditorias realizadas al Banco Central y entidades en manos de la AGD, que demuestran el perjuicio al país. Se pretende probar el daño ocasionado a los clientes y los fondos públicos, y la incoherencia que se dio de parte de los magistrados de la Sala de lo penal de la CSJ que resolvieron el sobreseimiento provisional del ex Jefe de Estado.