Los dirigentes demandaron del gobierno chileno sanción para los militares que participaron con Pinochet en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 1973 cuando fue tomado el Palacio La Moneda y fue victimado el ex presidente Salvador Allende y varios de sus colaboradores. Varios exiliados demandaron del gobierno chileno una revisión a los procesos judiciales contra el ex dictador.