Tras una asamblea de sus miembros que duró hasta las 4 de la madrugada de hoy, hora local, el pequeño grupo político tomó la decisión de romper sus vínculos con el Gobierno, según confirmó  una fuente de la agrupación.
"Ruptura de los 25", fundado en 2004, cuenta con una asambleísta, María Paula Romo, que votaba junto con Alianza País en la Legislatura.
También pertenecen al grupo el secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán, y la secretaria de Pueblos y Nacionalidades, Alexandra Ocles, quienes anunciaron públicamente que renunciaron a sus cargos al momento de informar a la prensa sobre la decisión de la agrupación. En el municipio de Quito es parte de la agrupación el concejal Norman Wray, quien también se ha separado de la bancada aliada al Gobierno en el consejo. Los dirigentes hicieron oficial su salida en una comparecencia ante la prensa que abarrotaba su sede en la que leyeron una declaración y no aceptaron preguntas.
"Hoy con gran tristeza anunciamos nuestra separación del acuerdo País", señala el documento.
"El presidente no puede excederse en sus funciones. En el ejercicio del poder, debemos estar dispuestos a reconocer límites. Es por eso que no encontramos justificación para la consulta popular propuesta", indica.
El documento apunta, además, que las preguntas, así como están planteadas no solucionarán los problemas de inseguridad y la crisis de la justicia en Ecuador. "Claro que el Ecuador necesita cambios profundos, pero esos cambios no pueden hacerse sacrificando derechos y libertades", añade.
En el documento aclaran que no van a la oposición sino que seguirán apoyando todas las decisiones que vayan en la línea de la Constitución. Alianza País perdió esta semana a dos asambleístas, Betty Amores y César Gracia, que se apartaron de ese movimiento también por su oposición a la consulta popular que impulsa Correa.
En una audiencia ayer ante la Corte Constitucional, Amores criticó la pregunta referente a la reestructuración de la función judicial pues, en su opinión, "violenta el principio de independencia de la función Judicial" contemplado en la Constitución.
Por su lado, Gracia dijo esta semana que el referendo es "inconstitucional" y reproduce "vicios del pasado de politizar la Justicia".
La consulta propone una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.
También plantea convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, así como la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros y peleas de gallos.
Además, en la iniciativa se contempla la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios. La Corte Constitucional analiza actualmente la legalidad de las preguntas.