Los delegados de la Defensoría del Pueblo aseguran que los reclamos contra instituciones que entregan servicios de energía eléctrica, telefonía y agua potable, son los más frecuentes en esa dependencia. El año pasado, en Portoviejo, se atendieron 4.715 quejas por mala provisión de servicios o bienes, de los cuales el 30 por ciento se solucionó en forma directa. Pero esta cifra muestra solamente los casos que llegaron a conocimiento de la Defensoría del Pueblo. Los otros, los que los usuarios prefieren callar por temor a perder el tiempo en reclamaciones inútiles, no se cuentan. Tampoco los que se solucionan de alguna otra manera, ya sea con la devolución del dinero o con la reposición del bien. Esto muestra que no siempre hay afán de servir, sino que predomina el de obtener beneficios, sin tomar en cuenta los derechos de los consumidores y usuarios que son la razón de ser de toda institución o negocio. Es cierto que el fin de todo negocio es conseguir réditos económicos, pero la mejor mercancía que pueden ofrecer es el servicio eficiente, el trato adecuado y, sobre todo, el respeto a sus clientes, incluyendo sus derechos como tales. La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor otorga competencia a las intendencias de policía, a la Defensoría del Pueblo, a las comisarías y a los jueces civiles para que velen por la vigencia de esos derechos. No es una atribución, sino una obligación. Están llamadas, por ello, a intervenir a favor de los usuarios y consumidores de bienes y servicios, que son la parte más débil del eslabón de consumo.