Las audiencias se cumplieron en forma simultánea en dos salas de la Corte Constitucional, en sesiones que presidieron tanto la magistrada indígena Nina Pacari como el magistrado Roberto Bhrunis.
Pacari se encarga del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, mientras que Bhrunis se ocupa del resto del cuestionario, que conlleva cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
En su intervención, el director nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, pidió que se declare la inconstitucionalidad de las preguntas planteadas por el Ejecutivo al considerar que restringen derechos fundamentales de los ciudadanos.
En una acalorada exposición en la que el Ejecutivo estuvo representado por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, Villacís aseguró que el Ejecutivo se ha "derechizado" y ahora pretende modificar la propia Constitución que auspició pues, a su criterio "se ha convertido en una camisa de fuerza para gobernar".
Para Villacís, la consulta es "inconstitucional y mañosa" pues con ella, a su entender, se pretende "asaltar la función Judicial nombrando a dedo a jueces que se pongan a su servicio para cubrir los actos de corrupción del Gobierno".
A su salida de la audiencia, Villacís comentó a Efe que justifica su comentario sobre "asalto" a la función judicial pues será el Ejecutivo, la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) y la función de Transparencia y Control Social los que designarán la Comisión que reestructure la función judicial, como se plantea en el proyecto de referendo.
También la asambleísta Betty Amores, que esta semana abandonó al movimiento oficialista Alianza País, criticó la pregunta referente a la reestructuración de la función judicial pues, a su criterio, "violenta el principio de independencia de la función Judicial" contemplado en la Constitución.
Desde la sala donde se celebraban las sesiones Pacari, en el cuarto piso de la Corte, se oían las consignas de un pequeño grupo de manifestantes que protestaban contra la prohibición de las corridas de toros y las peleas de gallos, que se plantean en las consultas.
Blasco Peñaherrera, quien preside el Comité Empresarial Ecuatoriano, no expuso su posición ante la magistrada Pacari pues llegó tarde para su comparecencia, pero sí lo hará ante Bhrunis.
La semana pasada, el sector empresarial de Ecuador pidió que la Corte Constitucional rechace el referendo impulsado por el presidente Rafael Correa y dictamine la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
"Cuando se pueden vulnerar las garantías constitucionales de los ciudadanos no existe otro camino que la Asamblea Constituyente", afirmó entonces Blasco Peñaherrera.
A juicio del representante de los empresarios ecuatorianos, las diez preguntas planteadas por Correa afectan los derechos reconocidos en la Carta Magna, aprobada en el 2008 por iniciativa del Gobierno.
La Corte Constitucional analiza actualmente la legalidad de las preguntas de la consulta popular, en la que se aborda la reforma del sistema judicial, restricciones a las propiedades de la banca y los medios de comunicación, y el control de algunos contenidos de la prensa.
Las cinco preguntas que conllevan un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.