Así lo aseguró hoy a Efe el ministro del Interior, Alfredo Vera, al ser consultado sobre el informe de esa organización.

"Sería bueno establecer quién le informa a Human Rigths de cosas que, aparentemente, no tienen sentido, porque no sabemos si a quien Human Rigths critica es al país o al Gobierno", indicó.

Apuntó que las leyes que se han usado en el país cuando ha habido algún problema "existen desde mucho tiempo atrás, no son leyes ad hoc, ex profesas para perjudicar a alguien, sino que son leyes que existen aquí y que se aplican en la medida en que se cometen actos que pudieran justificarlas".

Asimismo, añadió que es el poder Judicial el que aplica la ley y no el Ejecutivo.

Por ello, opinó que HRW, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York, debería especificar "quiénes son sus informantes" para conocer si estos responden a intereses políticos o si ofrecen una versión ajustada a la verdad.

El informe de la organización también se refiere a los obstáculos que existen para el libre ejercicio de la libertad de expresión.

En Ecuador hay "vigentes leyes penales sobre difamación que restringen la libertad de expresión" y algunos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación pueden llevar a la "censura" de los medios, dice.

Vera aseguró que no conoce "de algún caso en que haya alguien dejado de decir lo que ha querido sobre lo que sucede dentro del país por alguna restricción de carácter político".

A criterio del ministro del Interior, "no hay ni un sólo periodista apresado ni enjuiciado por decir lo que quiere".

El informe revela, asimismo, que "al menos una decena de personas que participaron en protestas y manifestaciones fueron juzgadas o investigadas durante 2010 por terrorismo, una acusación desmedida que se debió a la existencia de disposiciones definidas vagamente en el Código Penal".

A principios de enero, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Santi, señaló que 72 dirigentes indígenas son "perseguidos" en este país andino. "con cargos bien fuertes, como terrorismo y sabotaje".

Además, HRW se refiere al levantamiento que hubo en septiembre pasado en Ecuador, que comenzó con una manifestación de agentes de Policía y culminó en la retención del presidente Rafael Correa en un hospital.

La organización asegura que en el momento de preparar el informe "cientos de policías (que participaron en el levantamiento) estaban siendo investigados".

Caso contrario ocurre, a su juicio, con los "policías responsables de abusos cometidos durante años anteriores" y que hasta el momento "no han rendido cuentas por sus actos".

El Gobierno de Correa creó la llamada Comisión de la Verdad, que estudió casos de atropellos a los derechos humanos, entre ellos varios atribuidos a la Policía.

HRW señala, además, que persisten los conflictos de jurisdicción entre la justicia ordinaria y los sistemas de justicia indígena tradicionales que, según la Constitución de 2008, gozan de igual jerarquía.

El informe apunta que en varias oportunidades Correa ha acusado a defensores del medio ambiente y a organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los indígenas de "entrometerse en política, fomentar la violencia y recibir fondos extranjeros con el fin de desestabilizar el país".