Coincido con el editorial de El Diario del miércoles 22 de diciembre, que con el título “Revisión de la ley de armas” plantea argumentos coherentes que deben ser tomados muy en cuenta por las autoridades pertinentes y una reflexión para la ciudadanía, especialmente para las personas de bien que es casi el universo de los ecuatorianos.

Nadie puede negar que el problema mayor, que como azote social ocupa el número uno, es la delincuencia brutal, callejera y organizada, que ataca simultáneamente a transeúntes, viviendas, comercio y entidades bancarias; éstas dos últimas con guardianía privada que no pueden reprimir, en igualdad de condiciones, el armamento sofisticado que esgrimen los asaltantes que perdieron su condición humana por la estela de sangre y muerte en que concluye su acción.
Por lo cotidiano del asalto y crimen es evidente que la colectividad tiene ante sí una cofradía del mal en paralelo a aquella, puesto que ésta se somete al cumplimiento de las leyes y reglamentos que el Estado y la comunidad de la que forma parte determina, y una de ellas es no portar armas por pena de ser sujeto de sanción.
De esto está convencido el delincuente y siente que está apoyado por la inmovilidad de los honrados ante el “handicap” que le ofrece el sistema, ya que él está fuera de él aunque es parte del mismo y tiene como biblia el tango Cambalache; …”el que no afana es un gil”, a lo que se suma la medrosía ciudadana que por instinto de conservación se ha individualizado y soslaya su solidaridad ante un congénere que potencialmente está siendo asaltado.
Los ganaderos del país han sido despojados de sus armas para defenderse de los abigeos, caso de una comunidad del norte de Manabí; considero que el propósito es laudable del Gobierno, pero no vivimos en “la tierra prometida”; estamos en la tierra, en un mundo de fieras y a éstas no se las puede enfrentar a mano limpia, desdichadamente insultando a esa escala animal que sólo mata para subsistir. Portar armas es una necesidad y debe ser legalizada.