En una reunión del pleno del tribunal se sorteó ayer la tarea entre sus miembros.
La responsabilidad recayó en Nina Pacari, que se encargará del estudio de las cinco preguntas que implican una enmienda constitucional, y en Roberto Brunis, que se ocupará de las otras cinco, que conllevan cambios en la normativa pero no en la Carta Magna.
En una rueda de prensa, los magistrados dijeron que están abiertos a la recepción de comentarios de grupos de interés y del público en general sobre las preguntas, porque "esa ya es la dinámica que ha plasmado la Corte" en otras ocasiones, explicó Pacari.
Brunis dijo, por su parte, que  Pacari y él elaborarán un informe sobre si las preguntas son procedentes, que presentarán al pleno de la Corte, que deberá aceptarlo o rechazarlo, pues es el órgano "que resuelve esta situación". Los magistrados analizarán el procedimiento que se debe seguir para la aprobación de las preguntas, así como el propio texto, explicaron. La Corte cuenta con 45 días para concluir el proceso.

 POLÉMICA. Las cinco preguntas que implican un cambio constitucional son una extensión de la prisión preventiva, la restricción de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva que pueden dictar los jueces, la reestructuración del sistema judicial, la modificación de la composición del Consejo de la Judicatura y la limitación de los negocios que pueden poseer los bancos y los medios de comunicación.

 medidas. Las otras cuestiones plantean convertir en delito "el enriquecimiento privado no justificado" y la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social por parte de las empresas, y también la prohibición de los juegos de azar y las corridas de toros.
El plebiscito plantea, por último, la creación de un "Consejo de Regulación" para controlar la difusión de contenidos en la prensa que contengan mensajes de violencia, sexuales o discriminatorios.
Si la Corte Constitucional decide dentro del plazo previsto sobre si es constitucional o no realizar el referendo, el Ejecutivo deberá emitir un decreto para que el CNE convoque a la población a las urnas, para lo cual dispondrá de 60 días para organizar el proceso consultivo. Correa dijo que recurrirá a la democracia directa “cuantas veces sea necesario” para que el pueblo decida sobre las grandes transformaciones que requiere el país. <

»Dudas por lenguaje que se utiliza en cuestionario«
La frases introductorias de las diez preguntas que constan en la consulta han sido cuestionadas por expertos que observan una carga dirigida hacia el Sí. El director del Área de Derecho de la Universidad Simón Bolívar, César Montaño, opina que los considerandos de las preguntas plantean escenarios ideales. “Tengo serias dudas de que tal como se propone la reforma logre concretarse”.
El jurista César Coronel indica que son interrogantes “tendenciosas” que obligan a responder “Sí” ya que contienen juicios de valor. “Si voto por el No, quiere decir que apoyo la inseguridad, la corrupción, los excesos de los medios”, dice. El comunicador Leonardo Laso, cree que es “normal” que el Gobierno, al ser el proponente de la consulta, quiera que esta se apruebe. Por eso, dice, “no puede tener una posición imparcial en las preguntas”. “No induce las respuestas sino que plantea los objetivos”.<

»Se abre frente opositor que rechaza el referendo«
Antes que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la viabilidad del referendo, un grupo de ex funcionarios del Estado, escritores, periodistas, y artistas, liderados por un ex mandatario social demócrata, se pronunciaron por el no a la iniciativa gubernamental. El colectivo denominado Cauce Democrático que, según sus principios, "surge con el propósito de contribuir al análisis, reflexión y debate de los problemas que afectan a la democracia ecuatoriana" expresó su preocupación por la supuesta concentración de poder en la Función Ejecutiva, y la presunta pérdida de independencia de las funciones Legislativa y Judicial.
Si bien el ex presidente Oswaldo Hurtado dijo que Cauce Democrático no va a encabezar ninguna campaña, opinó que el objetivo de la consulta es que el gobierno controle por completo la justicia y los medios de comunicación. <

»Bancada oficialista niega
objeciones a la consulta«
El asambleísta de Alianza PAÍS, Gastón Gagliardo, desmintió que la bancada del oficialismo no apoye una consulta popular propuesta por el presidente de la República, Rafael Correa, por considerarlo un derecho establecido en la Constitución.
“Nosotros apoyamos la iniciativa del Presidente, por ser una facultad que tiene dentro de la Constitución lo apoyamos”, indicó.Gagliardo señaló que la ciudadanía está en todo su derecho de decidir por un cambio, el cual la consulta popular se la brindará.
Según el legislador, es positivo que los ecuatorianos sean quienes tomen la última palabra, pero asimismo, aclaró que hay que esperar que la Corte Constitucional califique las preguntas para la consulta.
“Debemos darle paso a que la Corte Constitucional de el aval a las preguntas y haga las observaciones y de ahí ver que pasa”, puntualizó. <