El asambleísta Andrés Páez, de Izquierda Democrática (ID), se quejó de que la vaguedad de muchas de las cuestiones acarrea más "discrecionalidad" para un gobierno que calificó de "autoritario".

"Correa tras el poder absoluto", abría la edición del diario "La Hora", mientras que el "Hoy" titulaba: "Control de la justicia y la información en la consulta".

El presidente mantuvo hoy silencio, pero ayer, en una conexión emitida por obligación por todos los medios de comunicación del país pidió a los ecuatorianos "confiar" en el Gobierno y apoyar el referendo.

Una de las cuestiones más controvertidas es la propuesta de crear una comisión para administrar y reestructurar el poder judicial durante 18 meses.

Estaría compuesta por un representante de Correa, otro de la Asamblea, donde el Gobierno tiene mayoría, y un tercero de la Función de Transparencia y Control Social, un consejo creado por la Constitución en el que el presidente también tiene la voz cantante, según Páez.

Con ello, el Ejecutivo controlaría el máximo órgano de gestión del sistema judicial, que reemplazaría durante ese período al Consejo de la Judicatura.

Correa también pretende consultar a los ciudadanos acerca de propuestas que cambiarían las finanzas y operaciones de los medios de prensa privados, de los cuales es un acervo crítico.

La consulta propone que se prohíba a la prensa privada nacional tener negocios fuera del ámbito de la comunicación.

Según César Ricaurte, director de Fundamedios, una organización sin fines de lucro que vigila la libertad de prensa en Ecuador, esa medida debilitaría a los medios, pues impediría a cualquier accionista suyo tener "hasta una tienda de barrio".

Con ello, caería la inversión en los medios privados y algunos se verían obligados a cerrar, dijo a Efe Ricaurte, en un momento en el que Correa ha expandido la red de prensa controlada directamente por el Gobierno.

El mandatario ha recalcado que esa propuesta tiene como fin "evitar conflictos de intereses".

Otra de las propuestas de la consulta popular es la creación de un "Consejo de Regulación", cuyos integrantes no están especificados, que regule los contenidos de violencia, sexuales o discriminatorios.

Esa pregunta rescata una idea similar incluida en un proyecto de ley de comunicación estancado en la Asamblea que fue criticado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ricaurte dijo que un Consejo de Regulación controlado por el Gobierno podría censurar previamente la publicación de una foto de un accidente de tránsito, por ejemplo, por considararla violenta, lo que "significaría su intervención directa en las acciones de los medios".

Correa, por su parte, ha promovido la consulta durante los últimos diez días principalmente como un mecanismo para acabar con la "corrupción" del sistema judicial, al que acusa de no actuar adecuadamente contra una criminalidad que acapara buena parte de los titulares de la prensa ecuatoriana.

Pero la consulta incluye otros temas en los que el presidente ha incidido menos, algunos de los cuales se conocieron sólo ayer, y que según algunos miembros de la oposición deberían ser legislados por la Asamblea y no sujetos a una consulta popular.

Vicente Taiano, del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (Prian), presentó una moción hoy para crear una comisión en la Legislatura que analice las preguntas, pero fue derrotada en el pleno, donde el presidente tiene mayoría.

El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, aliado de Correa, dijo estar dispuesto que se estudien las cuestiones, pero sólo después de que lo haga la Corte Constitucional.