El auto de acusación de la Fiscalía de Milán, que atribuye al primer ministro italiano sendos delitos de prostitución de menores y abuso de poder, llegó ayer al Parlamento, donde una comisión debe decidir mañana si autoriza a los investigadores a registrar el despacho milanés del contable de Berlusconi en busca de nuevas pruebas. Pase lo que pase en la comisión, el caso ha adquirido proporciones enormes, que probablemente habrían forzado ya a dimitir a cualquier otro gobernante mundial.
El escándalo parecía aproximar ayer a Italia a las elecciones anticipadas. El portavoz del Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, visitó al presidente de la República, Giorgio Napolitano, en el Quirinale, y al salir dijo que su grupo está valorando la convocatoria de elecciones para "recuperar la libertad".
El juicio se juega ya en los medios, que comienzan a filtrar el contenido de los 389 folios de las actas judiciales y algunas escuchas telefónicas. <