Nadie puede negar que en tiempos pretéritos, así como en el correísmo, la justicia haya estado politizada y mangoneada, obedeciendo la mayoría de operadores a las instrucciones emanadas por testaferros de los mandones de turno.

Mas, con el parloteo de “radicalizar la revolución ciudadana”, han decidido aprovecharse de todo y de todos, por lo que su líder ya decidió tomar el toro por los cuernos y hacer una faena donde espera recibir orejas y rabo, a través de una consulta popular que significa un punto crucial en el tortuoso camino de su vulgar dictadura, aún cuando inflexiona el tristemente célebre mamotreto de Montecristi, ya  que ladearán a dos organismos que a estas alturas le resultan fastidiosos.
Por tanto, hábil como todo buen aprendiz de hechicero que aprovecha de cualquier oportunidad para engañar, Rafael Correa anunció una urgente consulta popular que se inicia con una embustera solicitud a la servil y usurpadora “Corte Constitucional” y terminará con el sometimiento de una función judicial que llevará su sello personal impregnado en la rabadilla de sus miembros. Este asalto judicial se ejecutará mediante una comisión tripartita que se compondrá por un delegado del Ejecutivo (Correa); un delegado de la sumisa Asamblea (Correa) y un delegado de la diminuta Corte Nacional (Correa). Nadie lo había intentado antes. Si pasa la intención, se acabó el último atisbo de lo que fue Estado de Derecho.
La acumulación de poderes es una de las obsesiones de Correa. Para ello no repara en nada porque su consigna es que “el fin justifica los medios”. Es que se aprovecha del desprestigio de un Consejo de la Judicatura, a quien le permitió durante largos meses se revolcara en el fangal de la codicia, por lo que dirigieron los procesos de selección de jueces con oscuras prácticas repudiadas por los usuarios y todas las empleadas judiciales que fueron víctimas de las perversiones de unos improvisados que estuvieron buscando toda la vida “su cuarto de hora” y que lo encontraron, pero cargados de ignominia por todas las miserias cometidas.
En cuanto al novísimo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene entre otras atribuciones y deberes “Designar a los miembros del Consejo de la Judicatura”, ocurrió la sorpresa de que hay una minoría aún no contaminada que no le presta la debida confianza a los caprichos del ególatra, por lo que de ser aprobada la consulta, el Consejo perderá una de sus atribuciones más importantes, trasladando la integración de todo el sistema judicial ecuatoriano al “aventurero con suerte”.
El asalto judicial tendrá, fundamentalmente, dos efectos repulsivos: 1º) la impunidad para todos los latrocinios cometidos en el gobierno de “los pobres, por los pobres y para los pobres”, y 2º) la persecución de todos aquellos que disientan de las atrocidades cometidas por “el gran hermano”.