CCincuenta años de desarrollo empresarial están siendo lanzados por la borda con una resolución, para muchos a todas luces injusta por lo excesiva, tomada por la Comisión Nacional de Tránsito que preside Ricardo Antón, pero con dependencia directa del Ejecutivo.

La suspensión definitiva de las frecuencias de la cooperativa Reina del Camino, como sanción por el accidente lamentable ocurrido en Navidad a una de sus unidades, ha sido interpretada como medida exageradamente  política que la hace caer en la ilegalidad, de no haberse respetado el libre proceso y si las acciones y resoluciones se manejaron desde la óptica de las declaraciones presidenciales.
Aquello constituiría un abuso de poder, ya rechazado por la ciudadanía consciente de que en estado de derecho las cosas deben hacérselas en estricto apego a las leyes, siguiendo el procedimiento que marcan las normas establecida en la Constitución.
Y se interpreta que aquello ha sido vulnerado desde el mismo día del accidente por el gobierno, al afirmar el Presidente de la República, Rafael Correa, - palabras más, palabras menos - que la cooperativa a la que pertenecía la unidad siniestrada debería ser castigada ejemplarmente y hasta con la clausura definitiva, repetido constantemente hasta la toma de la resolución.
Se dictó sentencia previa con probable señalamiento a los directores del organismo oficial de tránsito del camino que debía seguir, para que el gobierno presente una imagen sancionadora y enérgica contra las irregularidades que, lamentablemente, no es confirmada por el aumento del crimen en el país.          
Esperamos que la cooperativa presente su enérgica apelación y demande del Estado las garantías jurídicas y el respeto a sus derechos empresariales.