REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES DE DERECHO PRIVADO CON FINALIDAD SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO.- ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.

Así se denomina el proyecto de reglamento que la secretaría de pueblos, movimientos sociales y participación ciudadana presentará este mes de enero al presidente de la República para su aprobación y promulgación. El mismo busca normar las actividades de las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, todas no gubernamentales, para controlarlas y registrarlas.
El proyecto aparece como un intento por modernizar y mejorar el reconocimiento jurídico del estado a las organizaciones de la sociedad civil, así como regular su vida interna y transparentar su gestión; sin embargo, se enmascara una trampa mortal introducida en el capítulo de las disoluciones, así, en el art. 16 que habla de las causales por las cuales una organización puede ser declarada disuelta, literal a dice: “No cumplir o desviarse de los fines para los cuales fue constituida, como cuando la persona jurídica de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro, realice proselitismo político.”  Y en el literal b: “Comprometer la seguridad o los intereses del estado.”
Imagínense ustedes a la UNE saliendo a las calles a propósito de sus propias reivindicaciones gremiales, flameando entre otras las banderas del MPD y gritando consignas contra el presidente o algún ministro; bandeja de oro para el presidente o a quien delegue, para disolverla e ilegalizarla. O a la CONAIE en sus marchas hacia la capital levantando las banderas de Pachakutik.  O a las centrales sindicales que enarbolan una serie de banderas y consignas políticas de la izquierda ecuatoriana. Los dos literales de subjetiva interpretación se prestan para imponer los intereses del poder. Se pretende establecer de esta manera una especie de chantaje a las organizaciones de la sociedad civil para reducirlas a su mínima expresión y acallar las protestas contra el régimen. No sucederá lo mismo con aquellas organizaciones adocenadas y amamantadas desde el gobierno, que se prestan para justificar el espejismo de la participación popular.    
Creo que el entablado está montado, primero la criminalización de la protesta para perseguir dirigentes, sacando del baúl de la historia de las dictaduras, el antiterrorismo como argumento y elevándolo a la condición de doctrina que reemplaza a la de seguridad nacional y contrainsurgencia ya obsoleta en las circunstancias históricas presentes, para finalmente ilegalizar a las organizaciones que encarnan esas protestas.  Si se promulga este proyecto de reglamento, tal como está redactado, estaremos asistiendo a la mayor agresión legal contra la libertad de organización y soberanía popular en el Ecuador, que el pueblo conquistó en largas e históricas jornadas de lucha.