El sábado último, en su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa se mostró confiado en que tendrá el apoyo para sacar adelante su propuesta de consulta popular.
En ese momento arrancará un proceso que puede durar 90 días hasta que los ecuatorianos sean convocados a las urnas.
El Pleno de la Corte Constitucional debe determinar la legalidad de las preguntas, y en el caso de que se intente realizar una reforma a la Carta Magna, el texto debe remitirse a la Asamblea Nacional, para que apruebe las preguntas.
En el ente constitucional, presidido por Patricio Pazmiño, uno de los jueces debe preparar un informe de la legalidad del tema. Su análisis será discutido y aprobado en el Pleno.    
Si el texto es aprobado por la Corte Constitucional, el texto de la consulta debe enviarse al Consejo Nacional Electoral, para que se encargue de organizar y convocar a la consulta.
El Consejo Electoral tendrá siete días para convocar a la consulta. El referéndum deberá cumplirse en un plazo no mayor de 60 días, desde que se remite el expediente desde la Corte Constitucional.
En ese tiempo, el Consejo Electoral deberá organizar la promoción de la consulta, definir las franjas publicitarias. Además, contratar la impresión de papeletas, la capacitación de las juntas electorales y el conteo de los resultados.
La idea de la consulta arrancó con la intención de reformar los códigos penales para combatir la inseguridad, pero ahora se sumarán otros temas diversos y polémicos.
Para el Mandatario la consulta será la oportunidad de cambiar varias cosas que, a su criterio, no están caminando correctamente.
La principal es el sistema judicial.

 reacciones. El asambleísta del MPD, Jorge Escala, sostiene que Correa está incurriendo en las mismas prácticas de otros gobiernos, como meterle mano a la justicia.
"Como MPD siempre somos partidarios de que se consulte al pueblo sobre temas de gran trascendencia para cambios en beneficio de las mayorías, pero no podemos estar de acuerdo con los temas que se pretenden consultar, porque se evidencia la perversa ambición de tomarse por asalto la justicia y tener el control absoluto del poder judicial para ponerlo al servicio de los grandes empresarios que no pagan impuestos, de las transnacionales mineras y petroleras y reprimir y perseguir a los luchadores sociales y a la protesta social", dijo.
Escala agregó que la consulta es una cortina de humo de Correa para levantar su popularidad, que está en riesgo por las acciones antipopulares como el anuncio de paquetazos con las medicinas.
En su perspicacia, Escala dice que la mezcla de contenidos va a confundir a los ciudadanos. Si hablan de medidas para combatir la delincuencia todos vamos a apoyar ese tema y se aprovechará para incluir otros de contenido político.
El articulista Pedro Vincent considera que la mezcla de contenidos va a confundir a los votantes."La gente si va a ser obligada a ir a las urnas por el certificado de votación, rayará cualquier cosa y no tendrá tiempo para meditar. El pueblo no está capactiado, será un chaulafán de respuestas porque es un chaulafán de preguntas", dijo. <