En este caso se habla de Los Florones, donde la gente llegó, delimitó su espacio a su gusto y se quedó viviendo.
Ángel Moreira compró, hace 10 años, un terreno en El Florón 8 tan sólo con una carta de venta. Años más tarde le aparecieron tres nuevos dueños del predio, lo que deja en claro que hubo tráfico de tierras. Al final se quedó con su solar, al igual que cientos de familias que buscaban algo propio sin pensar que no había agua, ni alcantarillado, riesgo a inundaciones, sin caminos, etc.
María Moreira también reconoce que invadió en El Florón 8 hace unos 15 años. “No tenía dónde vivir y no me quedó de otra”, dijo.

 daño. Sobre esta realidad, Luchino Iturralde, arquitecto y ex director de planificación del Municipio, indicó que estos asentamientos no planificados le han hecho mucho daño a Portoviejo. Explicó que es incuantificable el dinero que se ha invertido en estos lugares que nunca se pensaron. “Es un problema social que no se controló”, expresó Iturralde, quien propone realizar planes de vivienda para evitar nuevas invasiones. Además dijo que la ciudad ha crecido horizontalmente; es decir, hacia las colinas, cuando considera que el desarrollo debe estar en lo que actualmente es todo el paso lateral. “En esta zona hay 2.500 hectáreas que acogerían a unas 70 mil personas”, añadió.

 manta. Las invasiones son un menú repetido. La más grande, la actual parroquia Eloy Alfaro, se formó en la década de 1970.
Desde allí se han formado nuevos barrios sin servicios básicos y calles llenas de polvo. La última invasión se asentó en una zona de riesgo, ubicada entre Las Cumbres y el Jocay.
Allí 350 familias tuvieron que ser desalojadas por la Policía y el Municipio, aunque los dueños del terreno, Cristóbal Delgado y Fanny Delgado, decían que les iban a lotizar.
A Fanny Delgado la denunciaron por vender dos y tres veces el mismo lote.
En terrenos de Montecristi y Jaramijó, que rodean a Manta, las invasiones también son un negociado.
Las disputas en Montecristi han generado enfrentamientos. En San Eloy, los dos bandos que se disputan la legalidad de posesión se acusan de traficantes de tierra.
La semana pasada, tras el anuncio del presidente Correa, Margarita Bravo, presidenta del Comité Promejoras, y Pablo Cornejo, coordinador, enviaron una carta al Ejecutivo señalando nombres de los supuestos traficantes.
En la carta se asegura que “en el área de Manta, Montecristi y Jaramijó se ha conformado una banda de traficantes dirigida por Boris Solórzano Falcónez, Raúl Balseca (ex-empleado del IERAC), Néstor Zambrano Álava, Julio Lemos Ramírez (preso por usura y cachinería en Guayaquil), Freddy García Tejena, Alipio Manabí Pico (preso por coyotero), algunos notarios y registradores, entre ellos Nelson Díaz Casquete, notario vigésimo séptimo del cantón Guayaquil, hoy imputado en el caso de los matrimonios irregulares de algunos cubanos”.
Además señala que "esta banda involucra a policías, directores del Municipio de Montecristi, y a su actual alcalde (indagación previa en la Fiscalía Provincial), pasando por abogados, técnicos, banda Los Choneros y de los García, hasta el juez vigésimo quinto de lo Civil de Manabí, Pedro Cortez (expediente en el Consejo de la Judicatura de Manabí)". <

Desalojan a invasores
en Arenillas y Guayaquil

Las autoridades policiales y militares durante el operativo de expropiaciones de tierra en el sector Ciudad de Dios, procedieron a desalojar y derrumbar viviendas improvisadas que habían sido construidas en dicho asentamiento de manera ilegal.
El intendente de la Policía, Julio César Quiñónez, indicó que desalojarán alrededor de 9.000 hectáreas, de dicho asentamiento, y que el proceso seguirá en otros sectores invadidos.
“Estos sectores ilegales son propicios para la construcción de casas que son sujetos los invasores (…). Aquí en Voluntad de Dios vamos hacer un barrido con las Fuerzas Armadas (FF.AA) porque mucha gente ha malentendido lo dicho por el presidente”, reiteró.  Quiñónez acudió a las zonas invadidas para inspeccionar y clausurar los locales donde se comercializan materiales de construcción.  La presencia militar en las zonas invadidas se mantiene, mientras el intendente Quiñónez continúa con los operativos de control.
En el cantón Arenillas, provincia de El Oro, la Policía  desalojó a 200 familias que se habían posesionado de un terreno. Una docena de obreros, a órdenes del supuesto propietario del predio, destruyeron las viviendas en presencia de la Policía.
La Policía sólo tenía la orden de desalojarlos, pero el supuesto propietario del predio de 20 hectáreas, acompañado de una decena de obreros, destruyó las viviendas de al menos 200 familias que están acusadas de invasoras. Los afectados aseguran que el alcalde de Arenillas, Franklin Jiménez, quien enfrenta una revocatoria de mandato, fue quien les entregó el terreno. <