El comité ejecutivo de AME, que se reunió en la ciudad de Guayaquil, resolvió realizar "una movilización nacional el miércoles 12 de enero hasta la Asamblea Nacional, a fin de exigir la reglamentación" de la norma sobre la revocación.
El presidente de la AME y alcalde de Cuenca, Paúl Granda, aseguró que dicha norma, que ha sido planteada contra muchos alcaldes y otras autoridades, "debe ser reglamentado de manera inmediata".
"Queremos evitar un caos jurídico en el país y es necesario que se establezcan los principios legales correspondientes por parte de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, para que la revocatoria del mandato sea clara y precisa para garantizar la institucionalidad de los municipios ecuatorianos", puntualizó.
Según Granda, muchas de las peticiones de revocación presentadas contra diversas autoridades tienen motivaciones políticas y carecen de argumentos, ya que algunos en algunos casos se ha acusado a los ediles por la ausencia de obras que no forman parte de los presupuestos de los ayuntamientos.
De su lado, el alcalde de la ciudad de Riobamba, Juan Salazar, exhortó a los jueces pertinentes a que suspendan los procesos de revocación del mandato que se adelantan en los organismos respectivos, hasta que se regule la norma constitucional.
En diciembre pasado, una consulta popular en el cantón Taisha, en al provincia amazónica de Morona Santiago, definió la revocación del mandato del alcalde de esa ciudad, Jorge Chamik, quien denunció una presunta motivación política detrás de su censura.
La Constitución del país señala que "los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, prefectos y diputados de su elección, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo".
La norma señala que esas posibilidad la podrán ejercer "un número de ciudadanos en goce de los derechos políticos, que represente, por lo menos, el treinta por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción territorial".
Para la AME, esa norma debe ser regulada para evitar que ella se convierta en una especie de "chantaje político", lo que podría afectar gravemente a la institucionalidad del país.
La AME, en un comunicado, señaló que si el órgano parlamentario no acoge sus propuestas, los municipios del país "tomarán otras acciones" de presión.