El negocio informal mueve mucho dinero cada día, pero, como no emite facturas, no ofrece garantías por los productos. De acuerdo con la ley, toda transacción con una cantidad mayor a cuatro dólares debe emitir factura, pero en la práctica esto no sucede. La factura es un documento de respaldo que permitirá reclamar en caso de que el producto adquirido presente fallas o que se lo quiera devolver. Ley En el artículo 45 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se establece que quien adquiera bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución dentro de los tres días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato. En Portoviejo existe una asociación de defensa del consumidor desde el 2001, pero no se es muy conocida. “Funciona siempre y cuando la gente reclame y exija sus derechos, de nada sirve querer defender los intereses de los demás si ellos mismos no quieren hacerlo”, manifiesta Ramón Cando, presidente de la asociación. Esta entidad funciona en el consultorio jurídico de Luis Cando, frente a la Funeraria Santa Marianita. Congrega a 50 personas de las cuales 10 acuden con frecuencia para resolver ciertas denuncias en conjunto con la Defensoría del Pueblo. En la provincia hay asociaciones en Portoviejo, Manta, Pedernales, Chone, Tosagua, Jipijapa y 24 de Mayo. No reciben recursos por su actividad. De acuerdo al artículo 35, las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios deben tener una oficina y registro de reclamo. Las quejas deben ser subsanadas en un plazo máximo de15 días. William Salazar, Defensor del Pueblo, aseguró que la entidad acoge la mayoría de reclamos. El año pasado atendió 4.715, de los cuales el 30 por ciento se solucionó.