RSF lamentó el "uso excesivo e inútil de la fuerza" en la operación que se desarrolló el pasado día 17 en Quito y en la que un comando de cuatro patrullas de policía y una quincena de policías del Grupo de Intervención y Rescate confiscó los citados bienes, haciéndose valer de una orden de embargo preventivo.
Desde la organización con sede en París denunciaron que el embargo es "abusivo" y señalaron que "amenaza la confidencialidad de las fuentes".
Por ello, RSF apoya a "Vanguardia", que "reclama garantías de que sus discos duros no sean consultados".
El Estado solicita a la publicación que le pague los 13 meses de alquiler del inmueble que le adeuda, pero el embargo de los bienes "deja a la redacción incapacitada para seguir publicando la revista".
La Unidad de Gestión del Fideicomiso AGD-CFN 'No más Impunidad', que emitió la orden de embargo, afirma "que los bienes de la revista le serán devueltos una vez haya liquidado sus deudas", recordó RSF en un comunicado en el que agregó que "la confiscación de las computadoras permite cuestionarse sobre la protección de las fuentes".
Reporteros sin Fronteras se hizo eco de las declaraciones del gerente de la revista, Luis Zumárraga, quien señaló que "el embargo en realidad estaría relacionado con las investigaciones realizadas por 'Vanguardia' sobre presuntos actos de corrupción que implican a funcionarios del Gobierno", recordó la organización.