La noticia fue dada a conocer ayer por el comisionado del Pueblo, Franklin Izurieta, cuya entidad que representa acogió la queja de los moradores a mediados de año y luego fue llevada como una demanda ante un juzgado el 24 de noviembre.
Es así como la jueza del Juzgado Primero de lo Civil, Celia García, falló a favor de los habitantes de San Alejo, ordenando que no se paguen las planillas de consumo hasta que la Empresa Pública de Agua Potable y alcantarillado de Portoviejo, Epmapap, coloque los medidores y garantice un servicio de calidad.
A pesar de recibir la resolución, Izurieta explicó que enviaron una comunicación a la jueza pidiéndole una aclaración y ampliación del dictamen, toda vez que hubieron más demandas en torno al tema.
Y es que a más se pedir medidores y un buen servicio, los habitantes también exigen que halla una reposición económica, la condonación de la deuda hasta octubre del 2008, entre otros detalles.
“Esto no es una guerra contra la Epmapap, sino porque se garantice el buen vivir de los ciudadanos, ya que es tan grave la situación de San Alejo, que un informe del Instituto Izquieta Pérez, emitido el 23 de septiembre de este año, revela que el agua potable no es apta para el consumo humano porque se han encontrado residuos de heces fecales”, dijo el comisionado.  Esto se debe a que las tuberías de la ciudadela son obsoletas.
En todo caso Héctor Rivera, morador de San Alejo, recordó que el agua les llega dos veces por semana y en las madrugadas, y que incluso deben succionar con bombas. “Vamos a seguir con el proceso legal en defensa de nuestros derechos”, agregó Rivera, quien además desmintió de que hayan llegado a un acuerdo con el gerente de la Epmapap, Ghermán Burbano, para llegar a un arreglo.<