Hace pocas semanas, en el editorial principal de El Diario, y con motivo de una tragedia de tránsito ocurrida en el país, se mencionó la riesgosa costumbre aplicada por las cooperativas de transporte público interprovincial que para atender la demanda ciudadana, por ejemplo, doblan el turno a sus conductores, exigiéndoles esfuerzos sobrehumanos para superar el cansancio y el sueño que acrecientan los accidentes.
Accidentes que terminan en tragedias graves, especialmente en épocas festivas cuando aumenta descomunalmente la demanda de pasajes por la necesidad de las personas de llegar “de cualquier manera” a sus destinos aprovechando los conocidos asuetos.
Asuetos que, concebidos para facilitar alegría, descanso y placer, suelen lamentablemente convertirse en intenso dolor por la falta de precaución, control y prevención de quienes forman el triángulo del servicio de transporte público, integrado por los transportistas, los funcionarios de control estatal y el mismo pasajero, solidariamente culpables.
Culpables: el pasajero por demandar el traslado sin exigir las seguridades y comodidades mínimas, pues como su único deseo es viajar desecha sus derechos al buen servicio en atención a su condición de ser humano y objetivo principal de la empresa. El funcionario estatal porque, estando obligado a garantizar que el sistema funcione bajo las consideraciones técnicas, legales y humanas, desdeña su responsabilidad al caer en las tentaciones materiales. Y el transportista, que se aleja cada vez más de su obligación principal de servir para entregarse a lo económico, priorizando la política de mayores ingresos con menores inversiones que descuida la seguridad del bien más preciado que son las personas.
Personas en las que se incluye a los mismos conductores y ayudantes, quienes no han escapado de las garras de la fatalidad aunque en muy pocas ocasiones, pues en la generalidad de los accidentes salen bien librados. Y casi nunca la acción de la justicia llega hasta ellos como responsables directos ni a las empresas como entes jurídicos. Así lo comprueba la ausencia de sancionados o sentenciados de los juzgados de tránsito.
Tránsito que vuelve a destacar por la deficiencia en la aplicación de controles, que lo convierte en una de las mayores causales de decesos en el país. Y a pesar de ello sigue siendo uno de los más graves problemas menos atendidos por el gobierno nacional.
Gobierno nacional que ya debe meter la mano decididamente en la corrección del sistema, fortaleciendo el imperio de la ley, vigorizando a los vigilantes de la misma, incrementando sus efectivos, destinando recursos en suficiencia, combatiendo la corrupción, despolitizando su trato con los choferes y aumentando las acciones para una correcta, adecuada y eficiente educación vial.
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