La orden judicial señala que ante los peligros que representa la casa es necesario demoler lo que queda, para así evitar accidentes.
Óscar Sánchez, comisario de construcciones del cabildo, dijo que la autorización se logró después que Soasty interpusiera una acción de protección en abril del presente año, tras la clausura que hiciera el Municipio a la vivienda que estaba en proceso de demolición sin autorización del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).
El Diario buscó la versión de los directivos del INPC en Manabí, pero se indicó que Jean Paul Demera, director de la entidad, está de vacaciones y nadie puede dar declaraciones.<