La responsabilidad anteriormente estaba radicada en las Fuerzas Armadas, pero el Ejecutivo  creyó conveniente en que sea la Policía Nacional la encargada de su control, disponiéndose los cambios correspondientes.
Posteriormente se endureció la medida dejando insubsistentes los permisos para tenencia y porte de todas las clases de armas de fuego, debiendo los ciudadanos volver a renovar sus documentos, pero ahora únicamente para tenencia, porque portarlas está prohibido.
Estas disposiciones se han dado para evitar la circulación de una gran cantidad de armamento que, según las autoridades, existe en el país en manos de civiles, estimando  que esto contribuye al aumento de los sucesos violentos con derramamiento de sangre que llegan hasta la muerte.
Y si bien la intención es plausible, la política no ha aminorado los acontecimientos sangrientos, y más bien ha causado desazón, preocupación y desconcierto ciudadano, porque quienes requieren cargar un arma en razón a sus actividades comerciales, industriales o de riesgo social, se encuentran en indefensión frente a una criminalidad avezada e implacable.
Por eso, es conveniente que se medite las posibilidades de que quienes deban por sus trabajos o responsabilidades tener una defensa más adecuada ante la violencia de los delincuentes, vuelvan  a portar armas, claro con la supervisión de rigor que sea menester.
Al parecer, hasta ahora el control ha sido efectivo para los ciudadanos de bien, porque los malos siguen poseyéndolas y utilizándolas para causar daño y dolor.