Los planes del presidente electo en el campo internacional pueden provocar conflictos tras su toma de posesión, el 15 de enero, ya que Rafael Correa está alineado con la nueva izquierda latinoamericana, es amigo del gobernante venezolano, Hugo Chávez, y declarado admirador de la chilena, Michelle Bachelet. A algunos gobiernos, y sobre todo a los organismos financieros multilaterales, de los que Correa es un firme detractor, no les han gustado sus promesas de reestructurar la deuda exterior del país, para pagar menos a los acreedores, y renegociar, a favor del Estado, los contratos con las petroleras multinacionales. En el caso concreto de las relaciones entre Quito y Washington, estas podrían enfriarse más, pues Correa asegura que no renovará, cuando venza en 2009, el convenio para la utilización por militares de EEUU de la base ecuatoriana de Manta, desde donde realizan labores de control del narcotráfico y, según algún alto mando castrense estadounidense, se apoya el "Plan Colombia". Tampoco firmará, ha prometido, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negociaban EEUU y Ecuador, pues lo considera lesivo para los intereses ecuatorianos y en especial para los pequeños productores agrícolas, lo que ha disgustado a los grandes empresarios locales. Sin embargo, Correa puede contar con un ambiente político favorable en Sudamérica, donde los gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela son de una línea homologable con la suya, por lo que quiere impulsar con ellos la integración política, económica y social. En el frente interno, Correa, cuyo grupo, Alianza País, no presentó candidatos al Congreso, ve como se organiza la resistencia parlamentaria para frenar su principal propuesta: la convocatoria de una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente con plenos poderes que haga una profunda reforma política. Aunque algunos grupos parlamentarios aceptan la Constituyente con condiciones, sus rival en los comicios presidenciales, el multimillonario populista Alvaro Noboa, que cuenta con el mayor bloque de la Cámara, se opone frontalmente, lo mismo que los socialcristianos. Correa cuenta con una holgada victoria en las presidenciales, que él considera un mandato popular incontestable, como argumento para sacar adelante la Constituyente, que podría ignorar al Congreso e incluso disolver la Cámara y destituir al Jefe del Estado -el propio Correa- para convocar nuevos comicios, si así lo decide. En estas circunstancias, los interrogantes sobre el futuro político de Ecuador son muchos, en un país que con Correa tendrá su octavo presidente en diez años y en el que los tres últimos jefes de Estado elegidos en las urnas no han finalizado sus mandatos, por lo que la ciudadanía busca ansiosamente la estabilidad. El nuevo presidente tendrá que moverse con cautela y firmeza en los remolinos de la política, y manejar con extrema delicadeza a los militares, cuya postura ha sido decisiva en derrocamientos anteriores, para desarrollar sus proyectos y acabar su mandato en la fecha prevista de enero de 2011. La herencia económica que recibe Correa no es mala, ya que, aunque la inversión es escasa, las finanzas públicas, beneficiadas por los altos precios del petróleo en este país productor de crudo, tienen superávit, y las remesas que envían los emigrantes han llegado a un monto que permite el avance del consumo interno. Sin embargo, el legado social es decepcionante, con tres millones de emigrantes -el 22 por ciento de la población-, de los que más de la mitad han salido en los últimos siete años, un desempleo y subempleo que suman un 57 por ciento, y un 65 por ciento de los habitantes en la pobreza. Así las cosas, los conceptos que podrían definir con más precisión el fin del 2006 en Ecuador son: incertidumbre, por las numerosas dudas sobre el futuro; esperanza, de que realmente se produzca un cambio que favorezca a la mayoría empobrecida; y temor, de que prosigan la inestabilidad y la precariedad económica. EFE