De cuando en cuando, habitantes de los barrios marginales de todas las urbes, en todo el país, presentan su protesta ante las autoridades de los gobiernos municipal, provincial o nacional demandando atención a los problemas que los afectan Al hacerlo están ejerciendo su derecho a ser servidos por lo menos en los servicios básicos indispensables para la conservación de una adecuada salud como son agua potable, alcantarillado, entre otros; y los elementales al desarrollo como son energía eléctrica, sistema telefónico, pavimentación de sus calles, recolección de basura, principalmente. Quienes administran a los pueblos saben el deber que tienen de llegar con las soluciones a las necesidades de los conglomerados sociales, para parcial o completamente satisfacerlos, siendo estos considerandos los que constan como principales en las ofertas y promesas de campaña de los funcionarios de elección popular, antes de llegar al poder. En estas circunstancias es que la protesta tiene que ser razonada, para llegar a un consenso, acuerdo o compromiso que obligue a las autoridades a interesarse por la solución, y a su vez a la comunidad a comprender los términos de la misma. Porque también hay exigencias que suelen ser exageradas, productos de una precipitación que obligan a medidas de despilfarro, como pavimentar calles que luego tienen que ser abiertas para la canalización. Por ello, bienvenidos deben ser los reclamos comunitarios, pero mucho mejor cuando están soportados con la razón que avale la certeza de la demanda.