Haciendo una retrospectiva podemos señalar algunos casos de corrupción, abusos, arrestos y detenciones ilegales y arbitrarios que han quedado en la impunidad y en el olvido, otros a medias, como los casos “Isaías” “Benavides” “Restrepo”, “Fibeca”, que estan entre los cientos de casos de corrupción y abuso de autoridad que con el pasar de los años han sido públicos y los que no han sido públicos, pero han existido y existen ovbiamente estan en stan-by de la región del olvido, convirtiéndose todo esto en una corruptela. El abuso de autoridad, la prepotencia, el autoritarismo y la impunidad, son vicios que imperan dentro de la misma institución desde su bases mismas, sus directrices y reglamentos que favorecen al grupo de oficiales desde subtenientes a generales, mientras la tropa con un sueldo que no llena las espectativas de sus necesidades pasan en las calles arriesgando su integridad física. Entonces ¿cómo podemos exigir seguridad los ciudadanos que conformamos este país, cuando sus propios miembros que están de manera jerárquica ocupando puestos de dirección se encuentran involucrados en constantes irregularidades. Podemos citrar algunos casos de actualidad, como la desaparición de los 367.542 dólares del caso del ex notario José Cabrera que eran custodiados dentro del propio recinto policial de Machala; la fuga frustrada del un narcotraficante sentenciado reclusión mayor apellido Caranqui, que vestido de policía y con la ayuda de oficiales y de tropa intentó fugarse de la cárcel de Quito. El 22 de junio, en Cayambe (Pichincha), un agente escapa de ser linchado por un grupo de habitantes que lo acusan de asesinar a un taxista. En nuestra provincia es común ver a dos policías interrumpiendo el tránsito a cualquier hora solicitando documentos con el fín de obtener coimas para beneficio propio. Los ecuatorianos queremos una depuración y restructuración en todos los aspectos de esta insitución, sin que se conculquen nuestros derechos fundamentales como la vida, la libertad, el debido proceso consagrados en nuestra Constitución política y en los tratados Internacionales.