Dos de las tres operadoras de celulares retienen esos saldos injusta y seguramente ilegalmente ya que de esta forma están cobrándose un
servicio que no han entregado a sus clientes. Esto está mal y el Defensor del Pueblo debe actual. Si el usuario paga por un servicio y no lo consume totalmente, cabe que ese saldo le sea devuelto, o que se le acredite para el consumo del mes siguiente.
Los saldos sin consumir deben totalizar miles de dólares que inexplicablemente las compañías proveedoras del servicio se quedan, sin que las autoridades llamadas a defender los intereses de los consumidores eleven su voz de protesta.
En otros países, incluso en una de las tres operadoras de Ecuador, se
ofrece el sistema “rollover” que no es otra cosa que la acreditación en
el mes siguiente de lo que no consumió en el anterior. Técnicamente no
debe haber ningún problema, por lo tanto debería exigirse que esa sea la
norma y no la excepción del competidor que busca abrirse camino.
En Ecuador, en donde la telefonía pública ofrece un pobre servicio, los teléfonos celulares dejaron hace tiempo de ser un lujo y son una necesidad del día a día de millones de personas. Trabajar por mejorar la relación entre las compañías privadas que ofrecen el servicio y los usuarios finales, debe ser un objetivo destacado de la agenda pública, porque ello puede incluso mejorar la competitividad y el bienestar en general de los ciudadanos. El presidente Rafael Correa ha anunciado que usará “fiereza” al momento de renegociar los contratos de concesión de frecuencias de las compañías celulares. La ocasión es propicia para que la normativa que se propone se incluya. <