El alcalde Jaime Estrada y Lino Romero Ganchozo, procurador síndico, sustentan en la denuncia que la Ley Orgánica de Régimen Municipal en su artículo 208 establece: "Si de hecho se realizaren parcelaciones o lotizaciones sin aprobación de la municipalidad, quienes directa o indirectamente las hayan llevado a cabo o se hayan beneficiado de alguna forma de ellas, no adquirirán derecho alguno, y la municipalidad podrá pedir al fiscal competente el inicio a la instrucción fiscal contra sospechosos o imputados”, consta en el documento.
Con este argumento el municipio inició el proceso legal, con el objetivo de que se eviten este tipo de invasiones basados en lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal en sus artículos 203 y 207, que indica que los proyectos de parcelación o lotización presentados por los interesados, previo informe de la oficina de Planificación de la municipalidad, podrán ser aprobados y rechazados por el Concejo. Además dijo que el Art. 435 señala que quien fraccione total o parcialmente un inmueble situado en el área urbana o de expansión urbana, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad y recibiere u ordenare recibir cuotas o anticipos en especie o en dinero por este concepto, incurrirá en delito de estafa, sancionado por el Art. 563 del Código Penal.