La instrucción fiscal reiniciada por la Fiscalía de la provincia de Sucumbíos, en el Oriente ecuatoriano, contra el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Freddy Padilla, por el bombardeo al sector de Angostura, ha reavivado la diferencia existente entre Ecuador y el vecino país, cuyas relaciones diplomáticas fueron disminuidas a raíz del ataque bélico que causó la muerte a cerca de veinte personas.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, tachó el pronunciamiento del fiscal y manifestó su respaldo al militar, expresando que no pueden “en nombre de una diplomacia meliflua y babosa dejar desamparado al general”.
Estos calificativos han sido soslayados por la Cancillería ecuatoriana, cuyo titular, Ricardo Patiño, estima que Uribe no se ha referido a la diplomacia ecuatoriana, interpretándose la respuesta como una manera cordial para no enturbiar más los procedimientos que se siguen para el restablecimiento de las relaciones entre ambos países.           
Sin embargo, la sutileza no puede ignorar la situación internacional que incomoda al gobierno de la vecina nación por la orden de captura que la justicia ecuatoriana mantiene contra el presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, acusado también por el mismo caso de Angostura, creando un estado sui géneris para las relaciones binacionales.
Y de expectación por la decisión que tomará el presidente ecuatoriano Rafael Correa de ser invitado a la posesión de Santos, puesto que, a pesar que Correa ha dicho que si lo invitan él estará presente, de por medio persiste el hecho de que el mandatario ecuatoriano con su asistencia estaría honrando la investidura de un mandatario extranjero requerido por la justicia del país que representa.
Aquello podría entendérselo como una desconsideración a la decisión del poder Judicial, que forma parte fundamental del Estado del que Correa es su administrador.