Mediante una carta dirigida al fiscal general ecuatoriano, Washington Pesántez, los representantes legales de la petrolera argumentaron lo que, según ellos, fue un fraude del perito Richard Cabrera, al trabajar, supuestamente, en conjunto con los demandantes en el informe de daños ambientales atribuidos a la compañía.
La petrolera, en un comunicado, reseña las pruebas que presentaron a Pesántez y que, a su criterio, "suponen graves implicaciones para la integridad del juicio" que se desarrolla en la ciudad ecuatoriana de Nueva Loja (norte amazónico).
La empresa se enfrenta a una demanda por 27.000 millones de dólares, cifra recomendada por Cabrera ante los supuestos daños medioambientales y de salud que causó su operación a las comunidades indígenas de la Amazonía.
Chevron, que adquirió Texaco en 2001, ya hizo públicas sus denuncias contra Cabrera el pasado mayo y entre las pruebas que presentó, destacó un análisis que determina que el informe pericial fue escrito originalmente en inglés y más tarde traducido al español, cuando, según la petrolera, el perito "no habla inglés".
También argumenta que una consultora, que presuntamente trabajaba para el Frente de Defensa de la Amazonía, organización que agrupa a unos 30.000 indígenas y colonos que lideran la demanda, habría admitido que el informe del perito se basa, "en parte", en datos recopilados por ella en sus trabajos para los afectados.
Chevron denuncia ante el fiscal, además, que dos de los asistentes de Cabrera habrían estado al servicio de los afectados y que una versión de un documental sobre el caso judicial, titulado "Crude", muestra a un asistente de otro perito, cuyos estudios fueron recogidos en el informe, "trabajando con los abogados de los demandantes".
El Frente de Defensa de la Amazonía ha rechazado las sospechas de Chevron y, más bien, ha acusado a la petrolera de hacer fraude y tratar de prolongar el juicio, con el objetivo de evitar una eventual condena en su contra.