El juez Ricardo Puyol, de Marbella, en la provincia sureña de Málaga (Andalucía, sur), argumenta en un auto conocido por Efe que de la investigación del caso urbanístico denominado "Goldfinger" (en el que también están ambos imputados) se han averiguado unos hechos que determinarían otro delito fiscal.
Por ello, el magistrado entiende que "a raíz de la documentación intervenida" resulta pertinente la apertura de una pieza separada para investigar "los hechos que pudieran ser objeto de esos ilícitos penales".
Además, el instructor explica que dicha decisión se basa también en que pudieran no guardar relación directa con la otra promoción, pero cree que "es más que obvio que son hechos que merecen la urgente actuación del órgano judicial" puesto que, según el magistrado, el supuesto fraude podría prescribir el próximo día 25.
El titular del juzgado ordena que se libre una comisión rogatoria internacional y que se tome declaración en calidad de imputados al actor y a su mujer.
 

Por una película
El primer procedimiento, de mayo pasado, conocido por el caso "Goldfinger" (en referencia a la película de 1964 en la que Connery interpretó el papel del agente británico James Bond), investiga sobre la parcela conocida como Malibú, situada en Marbella, donde se ubicaba el chalé del actor y donde hoy hay 72 inmuebles de lujo.
Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el nombre del anterior inmueble.
La pieza separada por la que ahora han sido citados en calidad de imputados es "Colinas del Limonar", en Málaga capital, donde la venta de aprovechamientos urbanísticos por una empresa vinculada con el actor habría podido generar un delito fiscal de 1,64 millones de euros (2,09 millones de dólares).
Supuestamente, la operación no fue declarada en la correspondiente liquidación del Impuesto sobre Sociedades debido a que no se presentó, aunque sí se declaró e ingresó el IVA.
El juez instructor mantiene que un despacho de abogados podría haber formado parte de un entramado instrumental para cometer graves delitos que pudieran ser de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude y blanqueo de capitales.