Rafael Correa no es Presidente Constitucional del Ecuador. Nunca lo fue a partir de su segunda elección amañada a punto de considerarla primera, lo cual es absurdo y hasta ridículo.

Está detentando el poder inconstitucionalmente, ilegalmente e ilegítimamente. A continuación las consideraciones jurídicas que así lo prueban:
En su segunda elección, cuando tenía ya poderes claves bajo su control, como el Tribunal Supremo Electoral  ahora llamado Consejo Nacional Electoral, hicieron funcionar las Juntas Electorales Intermedias para el fraude electoral copiado de Venezuela. Pero revisado el texto constitucional, aprobado por la Revolución Ciudadana en Montecristi, en ninguna parte crean o existe la figura de Juntas Electorales Intermedias, lo cual es indispensable e ineludible en Derecho Público, y que no pueden ser creadas ni por decreto ni por reglamento.
Los artículos 117 al 124 del Capítulo Sexto de la Función Electoral, ni en las transitorias que son treinta, ni en el Régimen de Transición, existe siquiera una alusión al respecto. Por lo tanto la segunda elección de Rafael Correa, la actual, se produjo mediante mecanismo grosero de violación de la propia Constitución redactada por los mismos violadores, por lo que la elección de Rafael Correa y el poder que detenta actualmente es inconstitucional, ilegal e ilegítimo; en consecuencia,  total y absolutamente nulo, por lo que Rafael Correa y sus adláteres están usurpando el poder legítimo por lo que tiene que ser defenestrado y removido de la función; y oportunamente ser enjuiciado penalmente y responder por todo el despilfarro multimillonario de fondos públicos que tienen que ser devueltos al pueblo e ir a parar con sus huesos a la cárcel.
No olvidemos, además, que no juró la Constitución al posesionarse  por primera vez, por lo que tampoco respetó la Constitución vigente de la época; y, por lo tanto, por ello tampoco debía ejercer el poder, aunque su elección hubiese sido legítima. Así mismo, violó la Constitución vigente  al llamar a consulta popular enviando directamente su pedido de convocatoria al TSE de la época,  cuando tenía que enviarlo al Congreso para su calificación.
Es sorprendente que las FF.AA., la Policía Nacional, otras funciones e institucionales del Estado se hayan dedicado a avalar estos procedimientos ilegales e ilegítimos, constitucionales, antidemocráticos  y hasta delictivos, razón por la cual, llegado el momento oportuno, más pronto que tarde, muchos tendrán que responderle al pueblo ecuatoriano.
Queda pues, absolutamente claro, que deponer a un Presidente Constitucional legítimo no es legal, salvo causal constitucional. Mas, deponer a un dictador es una obligación legal, moral, cívica, democrática, legítima, a la que un pueblo digno, conocedor de sus derechos, de su irrebatible posición de único dueño del país no puede renunciar  a la misma, y tiene que proceder amparado,  incluso, por principios universales de derecho y de democracia que el mundo entero reconoce y avala.