La protesta fue iniciada por 130 reos de la cárcel de Rocha, a 210 kilómetros al este de Montevideo, donde el jueves pasado se registró el incendio que ha vuelto a poner en evidencia las malas condiciones de las cárceles uruguayas, que están "entre las peores del mundo" de acuerdo con Naciones Unidas.
Según las fuentes del Ministerio del Interior, la huelga de hambre ha sido secundada por presos del penal de Rivera (norte del país) y del Complejo Carcelario (Comcar) de Montevideo.
El Ministerio del Interior está a la espera de confirmar si la protesta tiene eco también en las prisiones de Canelones (al norte de la capital) y La Libertad (en Montevideo), que en conjunto tienen una población de unos 2.000 reclusos, según la prensa uruguaya.
Según datos oficiales, las cárceles uruguayas tienen capacidad para un total de 6.443 reclusos pero en ellas conviven 8.863, lo que supone una densidad del 138 por ciento.
El Parlamento uruguayo aprobó ayer una Ley de Emergencia Carcelaria en el Parlamento por la que se destinarán 15 millones de dólares a la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y a la contratación de nuevos guardias.
La norma fue propuesta por el Ejecutivo para paliar "la situación de riesgo y especial vulnerabilidad que atraviesa el sistema penitenciario nacional".
En la sesión parlamentaria, una comisión legislativa indicó que en el momento del siniestro en la cárcel de Rocha solamente había dos extintores y además sin carga, mientras que la proporción de guardias por reclusos era de 1 a 42/43.
Las primeras pesquisas policiales indican que el siniestro, en el que también resultaron heridos graves ocho reclusos, se produjo por un cortocircuito y el posterior contacto de la chispa con una manta.
La cárcel de Rocha data del siglo XIX y está previsto su cierre para el próximo año.