Ingrid Betancourt precisó el domingo en una entrevista al Canal Caracol que la información que se ha divulgado es distorsionada y que no hay ni habrá ninguna demanda contra el Estado, aunque no ha retirado su acción de conciliación, en la que exige 6,8 millones de dólares (unos 5 millones de euros), según la Procuraduría (Ministerio Público).

La audiencia para estudiar esa conciliación está fijada para el 5 de agosto, anunció el procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Isnardo Jaimes, quien precisó que la cita podría adelantarse porque es un caso "de interés nacional".

Betancourt dijo que "no hay ningún ataque contra el Gobierno que me liberó ni contra el presidente Álvaro Uribe, a quien le debo todo el agradecimiento y reconocimiento. No hay una demanda contra las Fuerzas Militares, que me sacaron de las garras de las FARC", y responsabilizó totalmente a los rebeldes de su secuestro.

La ex cautiva agregó que "es necesario que lo que me sucedió a mí no le vuelva a suceder a nadie, y me parece importante que los ciudadanos podamos conversar con el Estado colombiano, y analizar los fallos y decirle cuándo algo está mal". El ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia, respondió este que al Gobierno colombiano le "tranquiliza" la decisión "inteligente" de no demandar al Estado.

Reacciones tras la petición

El general Arcesio Barrero, ex comandante de la cuarta división del Ejército, dijo a Caracol Radio que Betancourt "no acató las recomendaciones" que le hicieron las fuerzas de seguridad el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, aun sabiendo el "riesgo" que suponía viajar a la zona donde fue hecha rehén por las FARC.

Betancourt alega que el día de su secuestro le fueron retirados los escoltas y que los militares le permitieron el paso a una zona donde se registraban combates con la guerrilla.

El ex agente de inteligencia Nelson Burgos, escolta de Betancourt en la época de su secuestro, declaró a RCN Radio que "en el retén del Ejército a la salida de Florencia (capital del Caquetá) le comunicaron que ningún civil podía salir por esa vía, solo uniformados. Ella insistió en que haría el desplazamiento, momento en que decidimos dejarla".

El ex senador Óscar Tulio Lizcano, quien se fugó de su cautiverio en octubre de 2008 después de pasar más de ocho años en poder de las FARC, afirmó a la emisora La W que Betancourt ha sido "mal asesorada" en este asunto.

Para Emperatriz de Guevara, madre del coronel Julián Ernesto Guevara, secuestrado por las FARC y muerto en cautiverio, la petición de Betancourt "raya en la ingratitud". También en declaraciones a RCN Radio, la madre del policía Guillermo Solórzano, en poder de las FARC desde junio de 2007, expresó su desacuerdo con Betancourt al indicar que al Gobierno y a las Fuerzas Militares de Colombia se les debe "gratitud".