La jueza tercera de lo laboral de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), Gloria Jimena Rojas, negó el pedido de suspensión de esos anuncios publicitarios que forman parte de una campaña del Gobierno en la que se reclama libertad de expresión pero se critica una supuesta "libertad de agresión" de los medios.

La decisión judicial coincide con la controversia creada entre periodistas por la aprobación en una comisión de la Asamblea Nacional de un proyecto de Ley de Comunicación, al que se acusa de atentar contra la libertad de expresión, y que en los próximos días se prevé debatir en el pleno del poder legislativo.

Rojas, a través de una providencia, determinó que "no existe prueba o evidencia que permita concluir que se ha violentado un derecho", recogió el canal Ecuavisa.

También precisó que en la campaña gubernamental "no se ha singularizado el nombre de la persona o personas que hayan sido violentados en el derecho a la honra".

Por ello, negó el pedido de los asambleístas al precisar que no queda demostrado que los anuncios publicitarios "amenacen de modo inminente o grave con violar o que violen los derechos" de alguna persona.

La campaña publicitaria del Gobierno ecuatoriano fue repudiada el pasado viernes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que la considera "agresiva" contra medios de comunicación, a los que, a su juicio, se desprestigia y se acusa de manera general.