La campaña, de acuerdo con la SIP, respalda a la Ley de Comunicación.
La SIP explicó que, bajo el lema "La libertad de expresión ya es de todos. La revolución ciudadana está en marcha", los anuncios oficiales desprestigian y acusan de manera general a la prensa, radio y televisión de "tergiversar la verdad, intentar volver a manejar el país por la ley del más fuerte, creando una dictadura de determinados medios".
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, cuestionó el hecho de que el Gobierno "use la propaganda gubernamental para descalificar e injuriar a los medios, con la intención de viciar a la opinión pública y el debate parlamentario dedicado en estos días a aprobar una Ley de Comunicación, respaldada por el oficialismo y que tiene serias fisuras a la libertad de expresión".
La campaña, con un coste de un millón de dólares, consiste en cuatro comerciales de 30 segundos de duración cada uno y presentados en los segmentos
comerciales.