La experiencia debe haber arrojado saldos positivos, la descentralización se convirtió en la ley que manda la entrega, por parte del Gobierno, del 15 por ciento de su presupuesto de gastos a los gobiernos seccionales.
Y ahora, cuando la Constitución acentúa la descentralización, los gobiernos seccionales actúan como unidades ejecutoras, y no solamente manejan el 15 por ciento de presupuesto del Estado sino que, mediante convenios con algunas secretarías del gobierno, reciben recursos para realizar obras de alcantarillado, de riego y drenaje, de vivienda, etc.
Y hay un recurso adicional que es la declaratoria de situación emergente, en la que participan, además del gobierno seccional, los Comité de Operaciones Emergentes, tanto cantonales como provincial, según el caso; y, en definitiva, la Secretaría de Gestión de Riesgos, la misma que asigna los recursos y aprueba los proyectos emergentes que se deben financiar con ellos.
La Contraloría debe tener la historia de esas contrataciones emergentes que, aún con el Portal de Compras Públicas, serían adjudicadas “a dedo”, a juzgar por los reclamos que se hacen públicos, convirtiéndose en herramienta para pagar favores electorales, de la misma manera que lo fueron en el vilipendiado pasado político-electoral.
Y el tema tiene que ser juzgado tanto en cuanto a la calificación de obra emergente, como al destino de la misma. Muchas de las inversiones contratadas en emergencia no han solucionado el problema al que estaban destinadas.
Otra característica de las contrataciones de estas nuevas unidades ejecutoras se encuentra en el monto de los presupuestos referenciales, dato que permite manipular el aparente concurso, que para ser declarado desierto puede ser desestimulante para los competidores, o muy alto cuando se ha logrado ya direccionarlo.
Pero, lo raro es que ni los reclamos públicos han motivado sanciones que reduzcan esas prácticas de corrupción.