La Fiscalía de esa ciudad inició una investigación en contra de Marlon Santi, presidente de la Conaie, y otros dirigentes que participaron en las manifestaciones en contra el Régimen de Rafael Correa. Así lo denunció hoy Mario Ruiz, asesor jurídico de la Federación de Indígenas y Campesinos de la Sierra Norte (FICI).
Señaló que se habría iniciado una instrucción fiscal, por los supuestos delitos de sabotaje y terrorismo, a partir de una denuncia presentada por funcionarios del Gobierno, aunque no dio nombres.
La noticia se regó rápidamente entre las comunidades indígenas de Imbabura, que hoy, precisamente, realizarán una asamblea extraordinaria urgente para analizar el caso. Rosa Carlosama, presidenta del pueblo Kichwa Karanqui, mostró su preocupación por la acción judicial.
Considera que se trata de una persecución contra los máximos dirigentes indígenas que únicamente mostraron su inconformidad con la política que esta aplicando Correa, aprovechando la visita de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Hugo Chávez. Según Carlosama, asambleas parecidas se realizarán a nivel nacional para denunciar la situación entre las bases.
Cabe recordar que el viernes último centenares de indígenas contrarios al Régimen, que coparon una cuadra de la avenida de ingreso al coliseo Francisco Páez, de Otavalo, intentaron entregar una resolución a los presidentes extranjeros.
El documento señala que el actuar Gobierno no practica una política plurinacional, de derechos colectivos y del buen vivir, como pregona. Sin embargo, fueron impedidos por la fuerza pública, por lo que se produjo un enfrentamiento. Dicha marcha estaba encabezada por Santi, Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari; Tito Puanchir, presidente de la Cofeniae, y Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe y líder de los Gobiernos Alternativos del Ecuador.
Ruiz descartó que haya una orden de prisión contra los dirigentes. Señaló que esa es un recurso extremo que se usa con fines investigativos o después que se ha realizado la instrucción fiscal, en la que se solicita la detención de los implicados. En todo caso, dijo, que se enfrentará la demanda jurídicamente. Mientras que Carlosama aseguró que la Conaie está estudiando la posibilidad de presentar una denuncia en tribunales internacionales, para garantizar el bienestar de los dirigentes.