Por los mismos cargos ya fue procesado en ausencia en 1999 por el Tribunal Correccional de París que le impuso una multa equivalente a 11,2 millones de euros. El ex-dictador de 76 años podría enfrentar una condena de hasta diez años de prisión por blanquear unos 2,3 millones de euros procedentes del narcotráfico del cartel colombiano de Medellín, a través de adquisición de bienes inmobiliarios de lujo en la capital francesa a finales de la década de los 80, cuando Noriega era el hombre fuerte de Panamá.

Vestido con traje azul y corbata roja, Manuel Antonio Noriega respondió a los jueces que lo interrogaron en torno a su identidad. En la audiencia presidida por Agnés Quantin, estaban presentes las tres hijas de quien fuera uno de los dictadores más temidos de América Latina, Lorena, Sandra y Thaís.

La defensa pide la absolución

También se encontraban sus abogados liderados por Olivier Metzner, que reclaman la absolución de su cliente exhortando a que se reconozca su estatus de prisionero de guerra otorgado al ex dictador por justicia estadounidense. La defensa también esgrime la inmunidad que le otorga su calidad de jefe de Estado en el momento en el que ocurrieron los hechos, y considera que los delitos contra el ex dirigente han prescrito.

Noriega insiste en su inocencia y ha asegurado que el dinero que le confiscó la justicia francesa provenía de su fortuna familiar y de pagos que recibió de la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense, con la que el general habría colaborado.

Al juicio que concluye el miércoles ha acudido el Estado panameño en calidad de querellante civil, representado por su cónsul en París, Arístides Gómez de León y los abogados Yves Baudelet y Benoit Lavagne.

Panamá, además de pedir la extradición de Noriega para juzgarlo por el asesinato del líder opositor Hugo Spadafora y por graves violaciones a los derechos humanos, delitos por los que ya fue sentenciado en tres ocasiones a 20 años de cárcel, reclama la fortuna del general golpista.

La extradición a Francia hace unos meses y no a Panamá como reclamaba a Estados Unidos la justicia panameña, provocó críticas en el país centroamericano pero alivio de saber lejos a una de las figuras más siniestras de América Latina, que fue depuesto por una invasión militar estadounidense iniciada el 20 de diciembre de 1989.

Sus abogados sostienen que Noriega quiere volver a su país para jugar con sus nietos. El desenlace del juicio es incierto pero lo más probable es que el dictador pase sus últimos días tras las rejas, en Francia o en alguna otra parte.