Concretamente la Corte encontró culpable a Dorado de expedir ilegalmente visas de residente o de carácter temporal a ciudadanos de nacionalidad china sin solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores la autorización para su expedición, con lo cual incurrió en la conducta de tráfico de migrantes.
En consecuencia, la Corte condenó al ex cónsul a la pena de 13 años de prisión, lo inhabilitó por siete años para desempeñar funciones públicas y lo obliga a pagar una multa equivalente a 102 000 dólares.