El sistema de justicia en el país sin duda está en crisis, lo cual es consecuencia de una serie de factores políticos- económicos que han coexistido a raíz de la finalización de la dictadura e inicios de la "nueva democracia", por lo que no es nuevo escuchar la problemática que atraviesa la judicialidad en el Ecuador, que tiene en muchos casos a los inocentes encarcelados y a los culpables disfrutando de sus riquezas.

Los diversos cambios que se han impuesto en el país a través de la aprobación de la Constitución y la elaboración de cuerpos normativos, han estado destinados a mejorar el sector justicia, procurando  garantizar los derechos ciudadanos de los ecuatoriano; sin embargo, la realidad es otra, debido a que en el Ecuador los derechos están siendo exterminados por algunos operadores de justicia.
Esta triste realidad la vivimos algunos jóvenes abogados que cursamos posgrado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en uno de los juzgados de delitos y contravenciones flagrantes del Guayas, precisamente en las instalaciones de la Policía Judicial en la ciudad de Guayaquil, en el que se practicó la audiencia de delito flagrante de un joven, a quien su novia, mayor de edad, con la que mantenía una relación por más de cinco años, prevalida por la injerencia de un familiar oficial de la policía le imputaba un supuesto delito  de "plagio". Lo reprochable de esta situación es que el Agente Fiscal de forma directa da por iniciada la instrucción fiscal y solicita orden de prisión preventiva, lo cual fue aceptado por un "juez", que antes de la audiencia fue insinuado por el Fiscal   sobre la aplicación de la norma jurídica referente al plagio, actitud de irrespeto para el sospechoso y para quienes nos encontrábamos en la diligencia.
Es inaceptable que un juez, cuya obligación es garantizar los derechos de los ciudadanos y pese a la oposición que realizó el abogado defensor del sospechoso, no califique en primer lugar si el hecho constituye delito y si es flagrante, teniendo en cuenta que las circunstancias de la supuesta infracción no constituía delito. Además, una vez impresa y firmada el acta de audiencia, nuevamente a pedido del Fiscal se incorporó la frase en que "calificaba de flagrante" el delito, lo cual en honor a la verdad jamás aconteció.
Es importante resaltar lo peligroso que resulta que las judicaturas se encuentren dentro de los estamentos policiales, pues da la imagen de que la Justicia se encuentra secuestrada en manos policiales, ya que fue visible que el oficial de la policía- familiar de la supuesta ofendida- hacía gestiones destinadas a conseguir los resultados  a su favor.
Además, es necesario que el Consejo de la Judicatura haga un control efectivo en estas dependencias, porque lo que está aconteciendo es verdadera carnicería del derecho, en que quedan de lado los elementales criterios procedimientos y de justicia que todo profesional del Derecho debe conocer.