A poco de que cayeron las primeras lluvias, el clamor fue porque los animales se ahogaban en los lugares bajos que se inundaban, las casas caían arrastradas por los deslaves y se hacían necesarias obras emergentes para proteger la vida de los habitantes de las zonas de riesgo.
Entonces, apareció la Secretaría de Gestión de Riesgos y los ofrecimientos de ayuda financiera.
Prácticamente todas las municipalidades manabitas fueron invitadas a formular planes de emergencia para realizar obras de protección, y se apresuraron a cumplir ese requerimiento.
Naturalmente, en las altas esferas del gobierno no sabían aún la magnitud de la crisis financiera que afectaba al presupuesto de este año, con un déficit de 4.500 millones de dólares, más del 10 por ciento del PIB.
Cuando las dificultades se hicieron evidentes porque comenzó la mora en las planillas de los contratistas y hasta en las rentas ordinarias de los gobiernos seccionales, los ofrecimientos de ayuda financiera se convirtieron en tomadura de pelo, porque la figura de que se debería solicitar crédito al BEDE para financiar esas obras es sugerir un imposible, porque los gobiernos seccionales no tienen recursos económicos para servir hipotéticos créditos.
Entonces, nos quedamos con la tomadura de pelo y a lo más que se puede llegar es a suscribir convenios con los ministerios que tienen dinero como el de Vivienda, para cofinanciar esas obras. Digamos que estamos como hemos estado siempre y que la esperanza en los gobiernos generosos y asistencialistas es vana.