Y se refiere principalmente a la conducta de los niños y jóvenes, de ambos sexos, cuya inicial inocencia es aprovechada por mafias, por delincuentes desalmados que, sin contemplación alguna, entrenan y adoctrinan a los menores para el acometimiento de crímenes que en algunos casos son contra la vida de personas.
Y lo hacen de la manera más artera, para manejarlos y obligarlos a cumplir trabajos sucios que a ellos les representaría grandes penas de cárcel, pero que se reducen sensiblemente cuando se trata de sancionar a un menor.
Universalmente las doctrinas jurídicas determinan la obligatoriedad de las naciones de proteger a los niños y a los adolescentes en su formación como personas, y para ello se esgrimen variadas consideraciones, lo que es cierto en razón a la dependencia que tiene la comunidad en estos futuros ciudadanos llamados a regir el mundo.
Sin embargo, los cambios registrados en sus actitudes por la osadía de los antisociales demandan también una revisión de procedimientos legales que, a la vez que detengan el uso desnaturalizado de los menores en actos delictivos, sirvan para reeducarlos y orientarlos hacia el bien. Porque el peligro mayor no es la intervención de los menores en actividades contrarias a la ley, sino la adaptación del menor a los mismos, haciéndolos suyos con la formación de pandillas que se extienden como manchas de terror en varios países del mundo, y que en el nuestro están creciendo.
Toca, pues, a los asambleístas, a los juristas, desarrollar las teorías correspondientes para lograr los cambios justos y adecuados a nuestra realidad social.