La resolución la adoptó la mayoría de concejales en una sesión realizada ayer por la tarde en el sitio Manantiales, comunidad ubicada entre los límites de Montecristi y Jipijapa.
El estado de excepción tendrá una duración de 60 días y las primeras acciones que se realizarán son una marcha ciudadana, de la que aún no hay fecha ni hora, en la que reclamarán mayor seguridad policial.
El concejo enviará la resolución al Ministerio de Gobierno y a la Gobernación de Manabí, para que se gestionen recursos y se dote de más uniformados al cantón, se construyan retenes policiales y se envíen vehículos policiales para aumentar operativos en la zona rural.
Críticas
En rueda de prensa, Arteaga criticó la labor de los uniformados de Montecristi. Esto no fue del agrado de Edison Tobar, jefe de la Policía Judicial de Manta, quien después de la rueda de prensa le pidió a Arteaga que realice las denuncias  por escrito.
Enis Lucas y Milton Bowen denunciaron que la ciudadanía no colabora con la seguridad denunciando los hechos delictivos.
Con eso concuerda César León, comisario nacional Primero de Policía de Montecristi, quien señaló que se denuncian más casos de violencia intrafamiliar que robos.
Durante la última semana, Luis Franco Mero, secretario de la Comisaría, reportó a la Intendencia de Policía que en Montecristi se receptaron una denuncia por robo y 8 por violencia intrafamiliar. La proporción se mantiene en todo el año.
Mientras Arteaga y los concejales decretaban el estado de excepción, familiares de una menor de edad que estudia en el colegio 23 de Octubre y que hace varias semanas fue secuestrada por personas aún desconocidas, solicitaron a las autoridades policiales y municipales que vayan de las palabras a los hechos.
La concejala Vanesa Castillo espera que con el decreto de estado de excepción el Gobierno apoye con recursos económicos y logísticos para fortalecer la seguridad en Montecristi.