“La carta no es auténtica. La noticia parte de una carta que no es auténtica”, dijo el viceministro de Gobierno, Edwin Jarrín, respecto a la carta por medio de la cual se dio a conocer sobre esta supuesta adquisición de equipos de espionaje y que estaría firmada por Francisco Vergara, secretario general de la Asamblea Nacional.

“Tengo entendido que la carta no salió de la Asamblea Nacional. Le llegó la carta adulterada al medio de comunicación (diario El Universo, quien publicó la misiva)”, dijo el funcionario.

La misiva fue calificada por el viceministro de Gobierno, Edwin Jarrín, como ‘falsa’, sin embargo, destacó que la interceptación telefónica es una opción necesaria para la investigación criminal, siempre y cuando su uso se enmarque en el debido proceso y en el marco de la ley.

“La autorización se da cuando ante el juez, la fiscalía ha justificado la necesidad de investigar. Una gran mayoría de policías del continente los utilizan para trabajar procesos de inteligencia. Y al hacer eso con una delegación judicial, la grabación del teléfono, se convierte en prueba judicial (…) Este sistema no es para dedicarse a hacer persecución o seguimiento de ningún otro tipo que no sea del delito, según el debido proceso. Se respeta la individualidad y priovacidad de cada una de las personas (…) Es precisamente este gobierno el que ha tipificado la escucha telefónica”, apuntó.

Asamblea habla sobre ‘pinchazos’

Según publicó diario El Comercio, la Asamblea Nacional, a través de su secretaría, denunció la adquisición de un lote de dos sistemas de localizadores e interceptadores de llamadas telefónicas de celulares por parte de la Unidad de Ejecución Especializada del Plan de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno.

Ante esto, el pasado 11 de junio, el secretario de la Asamblea, Francisco Vergara, solicitó al director ejecutivo de dicha Unidad, Juan Manuel Chiriboga, que informe sobre las consideraciones de la adquisición.

En el oficio, Vergara -que a decir de Jarrín, es apócrifo-, sostiene que el hacer interceptación celular a ciudadanos del Ecuador, a través de las prestadoras de este servicio como son Porta, Movistar, y Alegro, “constituye un delito y va contra los derechos de privacidad de comunicación de los ciudadanos y otros tratados internacionales que nuestro país es signatario” y que la interceptación constituye una violación a los Derechos Humanos que no permiten hacer este tipo de actividad ni aún basándonos en que “cuerpos policiales o de investigación requieran obtener información de esta manera impropia violando toda la seguridad establecida por las operadoras establecidas”.

Según Chiriboga, la Unidad no ha comprado ningún lote de localizadores e interceptadores de llamadas a teléfonos móviles y sostuvo que la denuncia del secretario de la Asamblea no tiene fundamento. “No se ha comprado absolutamente nada. Si se llegaría a comprar sería bajo un régimen de Seguridad Nacional, porque se trata de información de carácter reservada”, puntualizó.

El secretario de la Asamblea también habría remitido el presunto oficio, a la Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo, Comisión de la Verdad, Fiscalía General, ministerios de Gobierno y de Justicia.