La semana pasada, integrantes de la Asamblea acordaron modificar el documento inicial de estudio que había levantado polémica, entre otros, por los alcances del Consejo de Comunicación, cuya constitución se plantea en el proyecto de ley.
En ese sentido, los políticos acordaron, entre otros aspectos, que el Consejo de Comunicación no tenga facultades para "clausurar o suspender" un medio de comunicación.
En 2010 se realizará el segundo debate del proyecto de ley, que ha levantado una dura polémica al ser considerado por la oposición y varios medios de comunicación como una "ley mordaza".
El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, del movimiento oficialista Alianza País, ha rechazado que con la ley se pretenda coartar la libertad de expresión.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en la oposición, mostró hoy sus reservas en cuanto al inicio del tratamiento del proyecto de ley.
"Quiero ver para creer. Ojalá ese acuerdo que se ha firmado, que al menos dentro de lo malo de la ley, que es bien mala, implica que el famoso Consejo no pueda tener sanciones punitivas porque esas tienen que estar en el campo jurisdiccional", ojalá se cumpla, indicó.
En una entrevista en la televisión local Ecuavisa, Nebot reiteró su esperanza de que se acate el acuerdo "porque los totalitarismos (...) tienen la actitud de aspiradoras: aspiradoras de las libertades, de las decisiones, del dinero, de todo...control total".
A principios de mes, la prensa local publicó una carta que la relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero, envió a la Asamblea, en la que criticaba algunos puntos del proyecto de ley.
La relatora de esa comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) decía entonces que observaba amenazas a las libertades de información y de opinión en el documento final.
Señalaba así la posibilidad de se que permita al Estado ejercer la censura previa, que se obligue a los periodistas a tener un título en Comunicación y el establecimiento del registro de medios.
Asimismo, criticaba el régimen de sanciones y la autoridad que las aplicará, el llamado Consejo de Comunicación, la posible intervención en los contenidos y apuntaba riesgos en cuanto a la reserva de la fuente.
Para Botero, las facultades del Consejo representan un riesgo para la libertad de expresión, especialmente por su conformación, ya que se propone que dos delegados del Gobierno, uno de las universidades y tres de la sociedad civil formen parte de ese órgano.
Botero recomendó a la Asamblea que revise la Ley "a la luz de los estándares de los órganos regionales de protección de los DD.HH. de la región", según la carta.