Bustamante, destacó que la seguridad compete a todos y sostuvo la necesidad de coordinar esfuerzos entre las funciones del Estado, Policía, jueces, fiscales, entre otros, a fin de garantizar paz social a la población ecuatoriana, que hoy vive en constante intranquilidad y zozobra.
En este marco, se propuso la implementación de un Plan Nacional de Política Criminal, que la migración sea selectiva, la reforma al sistema de rehabilitación social, la ejecución y aplicación de los convenios para la repatriación de presos, se incremente, a la brevedad posible, el número de jueces penales y establecer la reformas legales en materia penal que se requieren acorde a la realidad actual.
Bustamante, además, propuso la eliminación de la figura de la fianza para individuos que cuentan con cinco o más detenciones.
En julio pasado, se suscribió un convenio interinstitucional para poner en marcha la Unidad de Reacción Inmediata, que pretende agilitar la lucha contra la delincuencia, incluso fuera del territorio nacional.
La próxima semana los comisionados se trasladarían a las zonas de frontera para conocer de cerca la problemática en el sector, en compañía de los Ministros de Gobierno de de Seguridad Interna y Externa.
Entre los años 2008 y 2009 se han presentado 240 mil y 150 mil noticias de delito, respectivamente, a nivel nacional, de las cuales Esmeraldas reporta 4 194, Carchi 1 421 y Sucumbíos 1 950, cifras que causan preocupación, tras explicar que la población carcelaria bordea los 11 mil personas, de la que 847 son extranjeros.
De su parte, Cevallos insistió en la necesidad de asignar USD 80 millones adicionales para modernizar y mejorar el servicio de justicia. “Hemos estado, en contacto permanente con los ministerios de Gobierno, de Justicia, con el objetivo de diseñar un nuevo Código Orgánico del Sistema Penal, mismo que está en proceso de socialización para luego ponerlo en conocimiento de la Asamblea”, indicó el funcionario.


Fuente: Confirmado.net