"Ecuador está siguiendo una tendencia regional y adoptando una medida en la dirección correcta al proponer una nueva ley orgánica de comunicación", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
"Ahora corresponde a la Asamblea Nacional modificar la propuesta para asegurar que esta no sea una oportunidad desaprovechada", agregó.
HRW dijo en un comunicado que la propuesta incluye medidas positivas, como la prohibición de monopolios y oligopolios en los medios, los subtítulos o el lenguaje de señas para ofrecer igualdad de acceso a personas con discapacidad auditiva y el requisito de que los organismos públicos y las entidades privadas que administren recursos públicos o presten servicios de esta naturaleza divulguen la información en su poder.
Sin embargo, afirmó que también contiene "disposiciones problemáticas" que, en caso de ser aprobadas, violarían la obligación de Ecuador de proteger la libertad de expresión.
Añadió que el proyecto incluye "expresiones ambiguas" que abría la puerta a la censura previa, prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"El proyecto de ley permitiría al Gobierno, a través de cualquier ley, estipular razones que autoricen la censura previa, y esto no solo generaría un clima de autocensura, sino que directamente vulnera las obligaciones de Ecuador establecidas en la Convención Americana", señaló Vivanco.
"Más absurdo aún, podrían limitarse incluso algunas opciones inofensivas, como un canal de entretenimiento que no sea 'de carácter informativo, educativo y cultural'", añadió.
Según HRW, los requisitos previos para ejercer el periodismo fijados en el proyecto, incluyendo multas a los medios de comunicación, amenazan la libertad de expresión
"Una ley de comunicación debería promover, en lugar de limitar, la libre circulación de información que resulta esencial para fortalecer un debate abierto en cualquier sociedad democrática", afirmó Vivanco.
"Estas disposiciones, en conjunto, apuntan exactamente en la dirección opuesta", afirmó.