Antecedentes

En el  Decreto Ejecutivo 1497 del 12 de diciembre de 2008 el Presidente  ordenó la creación de la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

En el proyecto de ley para la Administración de los Bienes Inmuebles del Sector Público, enviado al Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 12 de agosto de 2009, se propone crear el Instituto de Administración y Gestión Inmobiliaria del Estado (Inmobiliar).

Centenares de edificios sin uso quedaron como testimonio de la crisis financiera de 1999 y hasta ahora muchos de ellos exhiben los nombres de las entidades financieras cerradas.

Esos bienes inmuebles pasaron a ser parte del Estado, pero sin control alguno. El mismo desorden se evidenció en el aparato público, pues había ministerios y entidades que arrendaban las instalaciones donde funcionaban.

Por ello, el Ejecutivo decidió elaborar un catastro de cuántos edificios se encuentran en manos de la administración pública.

Dick Vega, director ejecutivo de la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), informó que  ya tienen resultados: 8.489 bienes inmuebles pertenecen al Estado.

Dentro de esta categoría hay de todo: desde edificios, departamentos y casas, hasta palcos de estadio, muelles y locales comerciales, así como piladoras y haciendas.

Una vez concluido este trabajo,  la tarea  ahora es reorganizar. “Esto es lo que queremos hacer: recuperar bienes inmuebles, reciclarlos, ponerles la última tecnología y que sirvan para dar un servicio eficiente y digno a la ciudadanía”, dijo.

Bajo este concepto, por ejemplo, el Ministerio de Educación funciona ahora en las instalaciones del ex banco Popular, donde anteriormente estuvo el Banco Central  (BC) y el Ministerio de Finanzas.

Cuando Educación se trasladó a su nueva casa en julio de 2008, aún había cambios por hacer, comentó un funcionario del área administrativa. Entonces, la obra estaba avanzada en más del 30%.

Hasta hoy se han cambiado las luminarias, pisos (porcelanato), techos, además de mobiliario como escritorios, sillas y puertas, entre las principales adecuaciones. “La obra está casi por concluir”, afirmó el funcionario.

En cuanto al ahorro, el Ministerio ha dejado de pagar el arriendo de dos edificios, donde funcionaban  dependencias que hoy están ubicadas en un mismo sitio.

Igual ocurre con la Secretaría de  Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, que inaugura mañana su edificio propio de cuatro pisos.

Anteriormente funcionaba en uno de los pisos del ex hotel Humboldt. Sus 150 funcionarios viven estos días el ajetreo del cambio de cajas y equipos. Están en el edificio Ortega, propiedad del BC, que hasta julio de 2009 era utilizado como bodega.

Para Ángela Andrade, gerenta del portal Bienes Raíces.ec, la idea de agrupar todos los bienes públicos en una misma entidad administradora es positiva. “Se puede ser más eficiente, pues todo está centralizado en una  institución. Esto permite usar los bienes de mejor forma y evitar que se realicen compras innecesarias”, afirmó.

Vega aclaró que en este  movimiento de entidades, el Estado se ha ahorrado 12 millones de dólares.

De este total, 8’064.960 dólares corresponde a arriendos. “Es lo que deberían pagar si contrataban privadamente”, dijo. La diferencia es por ahorro en comodatos.

Además, explicó que no ha existido necesidad de comprar edificaciones: “Todavía tenemos edificios. Pero hay algunos bienes que tienen inconvenientes legales, como prohibiciones de venta o empresas privadas que  han puesto amparos constitucionales para que sus derechos fiduciarios no se vendan hasta no recuperar su dinero. Un ejemplo es la ‘licuadora’ del Filanbanco, en Quito: un fideicomiso con amparo por derechos fiduciarios”.

Según Inmobiliar, hasta el momento han entregado al Estado 150 mil metros cuadrados en instalaciones. Pero aún faltan los bienes de los bancos en liquidación.

Fuente: El Telégrafo