El estado de excepción implica que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en operaciones de control de armas, combate a la delincuencia y revisión de vehículos, bajo la coordinación del Ministerio de Gobierno.
La medida, que no suspende derechos ni garantías ciudadanas, afecta a la capital de ecuatoriana, Quito; a la más poblada y centro económico del país, Guayaquil, en la costa; así como a la ciudad portuaria de Manta.
El estado de excepción fue decretado el pasado 30 de septiembre por dos meses, durante los cuales, explicó el ministro, se llevaron a cabo 5.310 operativos, se detuvo a 972 delincuentes y se desarticularon 25 bandas de delincuentes.
Sin embargo, tras una evaluación de los resultados, el ministerio decidió ampliar la medida en la que se ha utilizado, dijo Jalkh, "el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el ámbito preventivo" de la delincuencia.