Luz Moreno se convirtió en la primera abuela encarcelada por no pagar pensiones alimenticias, cinco meses después de que la Asamblea aprobó las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que trasladan a los demás familiares la responsabilidad de cancelar las pensiones de los menores cuando los padres no se responsabilizan.
"Supe que emitieron una orden de detención, pero mi abogado me aseguró que no podían detenerme", explicó Moreno.
Sin embargo -según Wendy Ayala, presidenta de la Asociación de Madres Usuarias de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia- Moreno fue tratada como una delincuente durante la detención.

"Como nunca antes se ha visto una situación parecida, ni siquiera los policías sabían a dónde llevarla", comentó Ayala.
Moreno contó que la llevaron a la Policía Judicial y, posteriormente, al Centro de Detención Provisional (CDP), en el que permaneció casi una semana, hasta que sus hijos reunieron el dinero exigido por las demandantes, unos $1 400 por concepto de cuidados de maternidad."Esto demuestra que las personas que hicieron las reformas no tenían idea de lo que hacían", denunció Ayala, quien considera que lo ocurrido a Moreno es insólito.
Por su parte, Edison Tipán, experto en temas judiciales sobre niñez y adolescencia, advirtió que casos como el descrito aparecerán con mayor frecuencia si no se reestructura nuevamente el CNA. "El marco legal del CNA actual sí permite que aparezcan estas figuras jurídicas", comentó en referencia a la detención de familiares.
Según Tipán, lo descrito podría considerarse un exceso en la aplicación de la normativa, ya que Moreno fue demandada directamente debido a que su hijo no puede responder ante la ley al ser menor de edad.
Sin embargo, añadió que los jueces no son culpables al emitir sentencias de esta índole, ya que actúan respetando el marco legal aprobado por la Asamblea, es decir, el CNA.
"Es inconsistente. Pero si la ley faculta a las mujeres a demandar por pensión de alimentos desde los 15 años y no responsabiliza a los padres adolescentes, seguirán presentándose casos como este", señaló.
Por otra parte, Tipán afirmó que existen otros inconvenientes en el marco legal actual de el CNA como, por ejemplo, que no sea necesaria una prueba de ADN para interponer demandas de alimentos. "Existe el riesgo de que algunas mujeres puedan abusar de este derecho", sostuvo.
Tipán afirmó que hay casos de padres que han pagado pensiones a niños que, posteriormente, según se ha comprobado, no son descendientes suyos. "En estos casos, no hay una figura que les permita solicitar el reembolso de lo que han pagado", comentó.
Reflexionando acerca de su experiencia, Moreno comentó que la ley, en efecto, debe precautelar la estabilidad de los menores, pero también debe contemplar la de las madres, los padres y las familias que también pueden resultar perjudicados.

Fuente: El Comercio